Dos ómnibus. Dos hinchadas. Siete días de diferencia. Los episodios no tuvieron la misma gravedad, pero comparten algo inquietante: grupos vinculados al fútbol consiguieron, mediante coerción, alterar el funcionamiento normal del transporte público. El problema ya no termina en la tribuna.
Hace apenas una semana escribía “306, un recorrido fuera de control”.
El domingo 9 de agosto, un coche de la línea 306 de UCOT quedó durante aproximadamente cuarenta minutos bajo el control de un numeroso grupo de hinchas de Cerro. Según el relato del conductor y la información posteriormente difundida, hubo amenazas con armas, imposición del recorrido, circulación sin las detenciones habituales y acompañamiento de motocicletas hasta la zona de Belloni.
Fue un hecho excepcional por su gravedad.
Siete días después apareció el 2.
Antes de un partido de Peñarol, un grupo de hinchas subió al coche 65 de la línea 2 de COETC. Según denunció ASCOT, el conductor sufrió amenazas verbales, hostigamiento y presión hasta ser obligado a modificar su recorrido habitual para trasladarlos con mayor rapidez hacia su destino. El trabajador debió recibir asistencia y el sindicato resolvió retirar temporalmente la línea.
No son hechos idénticos.
En el caso de la línea 2 no existe hasta ahora información pública que permita afirmar que hubo armas ni un secuestro con las características del 306.
Pero ignorar la semejanza central sería igualmente equivocado.
El elemento que se repite
Cambian el club, la empresa, los protagonistas y el nivel de violencia.
Pero se repite una conducta:
un grupo consigue, mediante intimidación, alterar las reglas normales de funcionamiento de un servicio de transporte público.
En el 306, el conductor perdió durante parte del trayecto la capacidad de decidir cómo realizar el recorrido.
En el 2 volvió a ocurrir lo esencial: terceros impusieron una modificación del itinerario mediante coerción.
Eso es algo más que desorden asociado al fútbol.
Es coerción sobre el espacio público.
Y cuando esa coerción modifica el funcionamiento normal de una ciudad, el problema deja de estar exclusivamente dentro del estadio.
La línea 2 ya había advertido el problema
Existe además un antecedente que no debería pasar inadvertido.
En octubre de 2024, ASCOT-COETC suspendió temporalmente toda la línea 2 antes y después de un clásico entre Nacional y Peñarol.
El sindicato explicó entonces que no estaban dadas las garantías necesarias para trabajar con normalidad y denunció que, partido tras partido, se producían desmanes, roturas y situaciones que comprometían la seguridad de trabajadores y pasajeros.
Dos años después, la advertencia adquiere otra dimensión.
La violencia asociada al desplazamiento de algunos grupos de hinchas no afecta únicamente a quienes concurren a un partido.
Cuando un conductor es intimidado y una línea debe dejar de circular, también quedan afectados trabajadores, estudiantes, familias y ciudadanos completamente ajenos al fútbol.
Del estadio al territorio
Durante años pensamos la seguridad del fútbol fundamentalmente alrededor del estadio: ingresos, cacheos, separación de parcialidades, bengalas, enfrentamientos y horarios de salida.
El 306 y el 2 obligan a ampliar esa mirada.
La violencia puede comenzar mucho antes del ingreso al escenario deportivo y desplazarse por la ciudad utilizando avenidas, ómnibus, motocicletas y puntos de concentración.
Por eso la seguridad de los grandes partidos ya no debería analizarse solamente como seguridad del estadio.
Debe incluir movilidad, transporte público, corredores urbanos, puntos de concentración y desplazamiento de grupos de riesgo.
Ahí aparece lo que podríamos llamar una geografía del miedo.
No se trata simplemente de marcar en rojo los barrios con más homicidios.
La geografía del miedo comienza cuando la violencia modifica la conducta de quienes no participan de ella.
Cuando un conductor cambia su recorrido porque un grupo se lo impone, una empresa retira sus coches y ciudadanos pierden temporalmente su transporte para evitar nuevos incidentes, la violencia ya está modificando el territorio.
¿Barrabravas o crimen organizado?
También aquí conviene evitar simplificaciones.
Que un grupo de hinchas actúe violentamente no significa automáticamente que constituya una organización criminal.
Tampoco existe hasta ahora evidencia pública que vincule a quienes participaron en el episodio del 306 con quienes actuaron en el coche 65 de COETC.
Pero existe suficiente experiencia histórica en Uruguay para saber que determinadas facciones violentas vinculadas al fútbol pueden intersectarse con mercados ilegales, armas, cárceles y disputas territoriales.
El punto no es convertir a una hinchada en una organización criminal.
El punto es reconocer cuándo determinados comportamientos comienzan a utilizar métodos propios de actores que buscan imponer control mediante intimidación.
Y ese es precisamente el aspecto que merece ser observado.
¿Quién controla el recorrido?
Después del 306 se habló de cámaras, botones de pánico, coordinación policial y mejores mecanismos de respuesta.
Todas son medidas necesarias.
Pero existe una pregunta anterior: ¿quién tiene el control efectivo del espacio público durante el desplazamiento de grupos violentos?
Porque el problema no consiste solamente en proteger un ómnibus.
Consiste en impedir que un grupo compruebe que mediante intimidación puede cambiar las reglas.
Una vez puede ser una anomalía.
Dos episodios en siete días obligan, como mínimo, a preguntarse si estamos frente a algo más.
Todavía es demasiado pronto para hablar de una nueva modalidad organizada.
Pero ya es difícil analizar cada episodio como si el anterior nunca hubiera ocurrido.
El 306 fue una advertencia.
El 2 acaba de convertir esa advertencia en una pregunta:
Cuando una barra sube a un ómnibus y decide por dónde debe circular, ¿quién está controlando realmente el recorrido?
Fernando Vaccotti 